Más allá de las diferencias políticas, de valores y de concepciones de lo que debe ser la gestión pública, hay límites que creemos tan tácitos como inviolables. Que forman parte del "todo" que compone una sociedad, dirigentes y gobernantes incluidos.

Las noticias trascendidas recientemente en relación a la existencia de un vacunatorio Vip en el Ministerio de Salud de la Nación y sobre irregularidades en el interior de la Provincia de Buenos Aires que demuestran que funcionarios, militantes y amigos del gobierno de turno han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 salteando todas las prioridades, fue un cachetazo feroz para todos frente a la crueldad de quien decide quién vive y quién permanece en el mundo del riesgo y la angustia. Violentaron el último de los límites morales tolerables.

Este verdadero terremoto ético nos compromete a redoblar esfuerzos. Desde Juntos por el Cambio hemos presentado pedidos de informes para tener datos precisos sobre qué se está haciendo con ese recurso vital que es la vacuna. También hemos promovido iniciativas para crear un registro de acceso público de vacunados y de orden de prioridades para terminar con el manejo discrecional y la desinformación.
El gobierno con su accionar ha provocado un irreparable daño al tejido social y en la confianza en una campaña que debió haber sido la sutura definitiva de la grieta que nos dividía, el daño ya está hecho. Y eso es lo que más nos preocupa, porque funda una desesperanza profunda en lo más sagrado, convirtiendo una salida sanitaria en una decepción.

No vamos a tolerar más este manejo perverso. La justicia debe actuar frente a todos aquellos que especularon con la salud y expusieron al riesgo a muchas personas que por prioridad deberían haber recibido la vacuna en tiempo y forma.